Apostamos por el humanismo

Por Rubicel González
rubicel@ahora.cu
Hace dos días, durante la intervención del Segundo Secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro Ruz en el VI Pleno del Comité Central, se informaba el acuerdo tomado por el Consejo de Estado a propuesta del Buró Político, de conmutar la pena de muerte a un grupo de sancionados. A estos le corresponden la privación perpetua de libertad, menos quienes cometieron el hecho delictivo antes de incluirse esta sanción en el Código Penal, que se les aplicaría 30 años de prisión.

Muy a pesar de tantas falsas acusaciones infundadas contra el gobierno cubano, donde se inventan absurdas teorías sobre torturas o vejámenes a los derechos humanos, esta decisión reafirma el humanismo y la práctica de la ética llevada a cabo por la Revolución cubana en casi cinco décadas.
Jamás ha ocurrido un solo caso, donde la justicia le de paso a la venganza. La prueba más cercana de esto, luego del triunfo revolucionario, fue durante el ataque a Playa Girón, cuando los prisioneros no murieron en una base secreta, ni en centros especializados en torturar o matar; sino que fueron cambiados por alimentos para el mismo pueblo que ellos invadieron.
Cuando en 1959 la pena de muerte fue suprimida, organizaciones contrarrevolucionarias con el apoyo del gobierno Yanqui, acrecentaron sus actividades violentas creyendo saberse impune y una vez en prisión, formar parte del escalafón de “combatientes por la libertad” que demanda el Imperio para vivir, como traidores de su patria, en las entrañas del monstruo. Pero nuestro proyecto socialista duró más que sus sueños de verlo destruido.
El expediente del terror contra nuestro pueblo tiene una larga lista de fallecidos, heridos, o de una u otra manera, personas afectadas por las atrocidades criminales contra el pueblo cubano. A la lista, se le unen los planes e intentos de asesinato a Fidel y otros líderes de la Revolución. De cierta forma, la pena de muerte ha incidido como freno psicológico a disminuir la avalancha criminal contra la Isla.
Desde el año 2000 el gobierno cubano decidió como política penal no situar la pena de muerte en ejecución, algo que solo se vio interrumpido en el 2003 como motivo de los secuestros de aviones y barcos, en franco peligro a la seguridad y dignidad del pueblo cubano.
Las personas sancionadas con esta pena, responden a casos de delitos de máxima gravedad, sobre todo a la vida. Nuestro pueblo conoce la necesidad de mantener esta sanción y la apoya como muestra del apego a los principios de justicia y dignidad. Asimismo, no la patentiza como medio de cobrar una vida perdida inocentemente ni con ánimos de aplicarla sin debate o arbitrariamente, sin que medie un juicio justo y transparente.
Esas son muchas diferencias que distinguen la utilización de la pena capital a como se usan en otros países del mundo. Pues aquí, nadie desaparece en una fosa común, ni se priva de su derecho a defenderse y ser representado por un abogado. Tampoco se transportan personas en vuelos encubiertos para ser interrogados, torturados o sentenciados por escuadrones de la muerte o agencias de inteligencia. Aquí, tratamos de ser justos y consecuentes con un proyecto social y político que por demás, ha demostrado ser inmensamente humano. Creemos en el hombre como ser transformable, en su capacidad de perfeccionarse y superar la ancestra herencia de prácticas egoístas o incivilizadas. Por eso apostamos por la cultura y su papel enriquecedor del espíritu humano para con el resto de los hombres.